Lassalle sobre la reforma de la Justicia: “Esperamos que en el tratamiento en la Cámara de Diputados se abra el debate” - Federación Argentina de Colegios de Abogados

En declaraciones a LU4 Nacional Patagonia AM630 de Comodoro Rivadavia, Chubut, Lassalle recordó que la reforma a propuesta del Ejecutivo Nacional se divide en dos áreas: una, que ha sido puesta a estudio del consejo consultivo que ha creado el presidente por decreto, en cuanto al funcionamiento y constitución de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y ministerios públicos, que está en una suerte de stand by con el presidente esperando que el consejo se reúna y funcione y en el término de noventa días produzca un dictamen para su asesoramiento.

Por otra parte, el proyecto de reforma de tratamiento en el Senado, en una de cuyas instancias de debate ya participó la FACA a través de su titular. “Lo hemos analizado profundamente y en principio la FACA es conteste de que una reforma de la justicia federal tiene que darse. Cómo, cuándo y de qué modo es otra historia”, puntualizó el dirigente.

En ese sentido, analizó que una Justicia Federal “que ha estado cuatro meses parada o reducida a una mínima expresión, porque durante toda su historia no ha podido despegarse de la aguja y el papel, y sigue sin incorporar las herramientas informáticas que permitan ir hacia un expediente digitalizado y a un sistema electrónico que pueda funcionar a distancia, donde funciona en una emergencia edilicia declarada por el propio Consejo de la Magistratura, o con una insuficiencia financiera que ha llevado al presidente del Consejo a decir que desde octubre no podrán seguir pagando los sueldos en la magistratura”, necesita ser actualizada. “Realmente necesitamos una mirada distinta de la Justicia y encarar seriamente si al Estado le interesa tener una Justicia Federal eficaz y con una tutela efectiva y oportuna de los derechos de la ciudadanía”.

No obstante –sostuvo– el proyecto que se ha mandado no plantea una reforma integral: “No aborda estos puntos que estamos señalando y en realidad significa un aumento cuantitativo de la cantidad de juzgados federales en lo penal, fundamentalmente, ya sea en la Capital Federal como en el interior del país. Entendemos que una reforma como la que se debe plantear, en primer lugar no puede tener un trámite express y tan acelerado como ha ocurrido en el Senado, donde sí hemos sido escuchados, y lo reconocemos y valoramos, pero que por el tiempo tan escaso no hemos podido ni siquiera realizar los aportes constructivos que podríamos hacer junto con el resto de quienes han concurrido -o no-, a este tipo de entrevistas, en una ley que genere un consenso de todos los sectores”.

“La reforma de la Justicia se ha encarado en varias oportunidades y en todos los intentos se ha fallado, y dada la bajísima credibilidad y confianza que hoy la población tiene de la Justicia, nada menos, no se puede fallar en otro intento”, aseveró. “Nos parece que esto debe ser debatido ampliamente tomándose el tiempo necesario, donde participen todos los sectores –la magistratura, los funcionarios judiciales, los empleados, por supuesto la abogacía, los legisladores, la política, las entidades intermedias, la población en general– y después de un largo debate y llegado a un consenso muy amplio, que permita que una ley en el futuro sea sustentable, sí sancionarla. Pero me parece que no se está cumpliendo con estos objetivos, y estos trámites tan acelerados alientan suspicacias de otro tipo que a nosotros también nos mueve alguna inquietud”, observó.

En tanto, hizo votos para que el debate se abra en el tratamiento en la Cámara de Diputados, que “no se acote en el tiempo como se lo ha hecho en el Senado, y nos permita a todos hacer los aportes. Nadie está discutiendo que la reforma judicial debe encararse, pero hay que hacerlo de forma seria, sin alentar este tipo de suspicacias que mal le hacen, y le siguen haciendo, a la Justicia”.

HACIA UNA REFORMA INTEGRAL Y OMNICOMPRENSIVA

“Si lo que se quería era atacar un polo de poder de la Justicia penal federal en Capital Federal, denominada 'Comodoro Py', llevándole doce juzgados existentes a cuarenta y seis, nos da la impresión de que este solo hecho no garantiza que ese poder que todos criticamos se diluya; por el contrario: podría existir el riesgo de que esta mancha de aceite en el medio del mar se pudiera ampliar, ya no en manos de doce magistrados omnipotentes, sino a cuarenta y seis”, graficó.

Dijo que la reforma “debe ser mucho más integral y omnicomprensiva”, y aclaró que la ley puede ser “impotente” porque “cuando se trata de jueces que no honran su cargo y el juramento que alguna vez prestaron, lo que se debe hacer es echarlos, con los mecanismos institucionales, pero sacarlos de la Justicia, y no protegerlos y después quejarse cuando se pierde el gobierno; es inaceptable que haya magistrados tiempistas que calculen la marcha de los expedientes de acuerdo a los humores políticos o a los gobiernos de turno; en eso estamos de acuerdo, y celebramos que algún gobierno en algún momento esté dispuesto a sacarlos como corresponde, por los mecanismos legales que corresponden, y no en todo caso dejarles abierta una puerta para que cómodamente salgan a través de una jubilación cuando estén a punto de ser exonerados”.

SUBROGANCIAS POLÉMICAS

“Del proyecto de ley como está hay varios puntos que nos preocupan mucho: en primer lugar la cobertura que se haría de los juzgados en lo penal federal a crearse: noventa y cuatro en todo el territorio, cuando ni siquiera se ha elevado con el proyecto un mapa judicial o cifras estadísticas o de diseño empírico de por qué son noventa y cuatro y a crearse donde se crean; sobre qué demandas territoriales puede dar lógica esto; tampoco el número. Y de los cuarenta y seis juzgados de la Capital, tampoco”, detalló el presidente de la entidad que nuclea a 82 instituciones abogadiles de todo el país.

Pero la mayor preocupación, dijo, radica en el plan de cubrir “inicialmente” esa cantidad “enorme” de cargos con jueces subrogantes: “Nosotros sabemos qué historia traen en la Argentina los jueces subrogantes: llegan un día para quedarse, y atento a la precariedad de su cargo están expuestos muchas veces a todo tipo de presiones, sobre todo cuando están concursando para ser elegidos o en el proceso de selección en esos mismos juzgados que están cubriendo como subrogantes”.

Más aún: aseguró que “es una negación de la propia ley de subrogancia; del propio instituto, porque la subrogancia nace para cubrir cargos de juzgados donde existe un juez que ha tenido que tomar licencia o ha sido removido: hay un juez preexistente. Nunca la subrogancia está destinada a cubrir un cargo nuevo, y la ley misma de subrogancia sanciona con la nulidad absoluta toda decisión de poner un juez subrogante en un juzgado nuevo en donde no ha habido un juez titular”.

Con la sanción de la norma así como está, estas son contradicciones y riesgos muy importantes que se podrían correr, “porque si lo que estamos logrando es una Justicia independiente con jueces probos, ajenos a todo tipo de presiones, transparentes en su gestión, la verdad es que este es un paso atrás”.

LA PROPUESTA DE FACA

“Lo que nosotros proponemos desde la Federación Argentina de Colegios de Abogados, es que si se van a crear cargos, primero se justifique por qué y adónde, sobre bases empíricas y cifras reales. En segundo lugar, que se espere el proceso normal que ordena la Constitución, que es el proceso de selección de magistrados a través del Consejo de la Magistratura, terna en el mismo, selección de uno de ellos por parte del presidente de la República, con acuerdo del Senado. Pero este mecanismo irregular en realidad atentaría contra la propia independencia que uno quiere que tenga el Poder Judicial”, explicó.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Finalmente, Lassalle insistió en el reclamo que la FACA sostiene respecto a la actual situación del Consejo de la Magistratura de la Nación: “No hay una reforma de la Justicia seria, que se pueda decir seriamente encarada, si antes no se reforma el Consejo de la Magistratura, que está funcionando prácticamente con una sentencia de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo que la ha declarado inconstitucional en virtud de su integración irregular”.

“La Constitución manda mantener un equilibrio en los estamentos que la componen y hoy el poder político, de trece miembros tiene siete, con lo cual rompe ese equilibrio y establece mayorías absolutas por sí mismo, no dando ningún tipo de garantía en cuanto a su funcionamiento interno, y tampoco en el mecanismo de selección o acusación para una investigación sobre el comportamiento de los jueces en el futuro. Cualquier reforma que se inicie, pedimos que se empiece por el Consejo de la Magistratura”, concluyó.

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