Discurso de apertura de la XIX Conferencia Nacional de la Abogacía - Hernan A. Colli - Federación Argentina de Colegios de Abogados

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Discurso de apertura de la XIX Conferencia Nacional de la Abogacía - Hernan A. Colli

Discurso de apertura de la XIX Conferencia Nacional de la Abogacía | Hernán Ariel Colli.

Señor Presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Dr. Eduardo Massot.
Señor Presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Eduardo de Lázzari.
Señores Presidentes y miembros de los Colegios de Abogados
Autoridades
Abogadas y abogados presentes.

Como presidente del Colegio de Abogados de La Plata es una altísimo honor poder darles la bienvenida a esta XIX Conferencia Nacional de la Abogacía, y a nuestra querida ciudad de La Plata, que es sede por tercera vez en la historia del evento.
En primer lugar quiero agradecer el trabajo realizado por quienes han posibilitado la organización de esta actividad académica.
Hoy se plasma -con sus aciertos y errores- el trabajo de muchos meses y de muchas personas, en el que -aunque resulte una obviedad- hemos intentado trabajar mancomunadamente para poder lograr, con generosidad y mucho compromiso, la mejor conferencia nacional, tanto en sus aspectos organizativos como en el plano académico.
Es que estoy convencido que las abogadas y abogados debemos siempre dar ejemplo y a pesar de nuestras naturales  diferencias, lograr trabajar por objetivos comunes.
Construir consensos. Encontrar soluciones que nos unifiquen y evitar transitar por  conflictos que nos dividan.
Ello involucra a todos los estamentos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, sus comisiones y en particular su Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) , así como Áreas Institutos y Comisiones del Colegio de Abogados de La Plata.
Voy a realizar un  especial reconocimiento para nuestras Areas Académica, de Comunicación, prensa, biblioteca y en general a todo el personal del Colegio que han cumplido destacadamente las tareas que se le fueron asignando.
También para la Municipalidad de La Plata que nos ha facilitado el uso de este emblemático teatro, y la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata por ofrecer el histórico patio del rectorado como escenario del coctail  de bienvenida.
En la última Conferencia Nacional realizada en nuestra ciudad en 1970, el entonces presidente de nuestro Colegio, Dr. Gualberto Mostajo, recordaba en su discurso inaugural, las palabras de Manuel B. Gonnet, primer presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados,.
En 1924, en oportunidad de la primera Conferencia Nacional decía Gonnet “En el curso de la Conferencia haremos de ella un verdadero seminario, que abarcará todos los temas correlativos. Cada uno de nosotros aportara ante los ojos de los maestros que han experimentado en el foro, en la magistratura o en la cátedra, el concurso de lo que hemos visto y aprendido; señalaremos los defectos e indicaremos la manera de subsanarlos; completaremos la obra -que por ahora será solo de orientación conveniente- y la entregaremos a los jurisconsultos para que la codifiquen: esa será nuestra contribución; el resultado de muchos años de vigilias y de estudio sobre la materia.- La República habrá ganado al menos, nuestro consejo, sincero y experimentado; le habremos así retribuido lo mucho que le debemos y nos habremos honrado con haber servido a nuestra patria, en la medida de nuestra capacidad y de nuestro patriotismo”
Casi 50 años después, el Dr. Mostajo agregaba, “Nada más sencillo, más profundo, más actual y vigente, que estos conceptos, donde en apretada síntesis se fijan claramente las funciones de los Colegios de Abogados, su gravitación ante los poderes públicos y ante la misma sociedad y la real misión que tienen la Conferencias Nacionales de Abogados (...) Las opiniones, las recomendaciones libremente expresadas en Conferencias anteriores y la acción de los abogados como técnicos del derecho y como ciudadanos han tenido una permanente y eficaz gravitación en la evolución política, social y económica de la Argentina...Somos conscientes de la responsabilidad que contraemos, ante los poderes públicos y ante la sociedad toda, pero estamos ciertos que en momentos de honda y difusa desorientación universal, que alcanza a nuestra Patria con espasmos que deprimen, crisis que se prolongan y desconciertan, ideales generosos que se esterilizan, los abogados argentinos no pueden ser ajenos al proceso, y tiene el derecho y la obligación de manifestar pública y libremente su palabra.”
Hoy  nos convocan esos mismos principios y  como tema “El  Acceso a la Justicia y los Roles de la Abogacía¨.
Se presenta una extraordinaria ocasión en la que colegas de todo el territorio nacional nos encontremos para debatir sobre los desafíos de la profesión y la articulación de medidas para procurar el Acceso a los Derechos por parte de la ciudadanía, y dentro de ella, los grupos vulnerables
Las conferencias nacionales, tal como da cuenta su rica historia, están signadas en marcar caminos.
A través de un completo temario, que abarcara desde los aspectos más tradicionales sobre la materia, vinculados básicamente al acceso a la justicia entendido como la posibilidad de efectivizar el acceso a la jurisdicción, hasta las cuestiones más actuales que la conciben como acceso a derechos, incorporando otras herramientas para el abordaje y la resolución de los conflictos, incluyendo también temáticas vinculadas a nuevos campos de actuación profesional, que imponen la necesidad del desarrollo de conocimientos y habilidades para la consolidación de nuestras Incumbencias profesionales.
Pensar y repensar nuestros roles como abogados y abogadas, en la tarea de posibilitar que la ciudadanía promueva, proteja y restablezca sus derechos.
Estoy convencido que los y las profesionales de la abogacía, seremos cada día más necesarios en nuestra intervención para prevenir y resolver los conflictos que se presentan en la sociedad.
Sin embargo, no podemos estar ajenos a los problemas de los más vulnerables socialmente.
Es imperativo moral ser especialmente muy sensibles con todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan mayor protección.
Hay que velar por la necesidad de igualar las oportunidades de acceso a los derechos para todos y todas.
Desde el inicio de nuestra gestión colegial hemos entendido que resulta imperativo poder  contribuir institucionalmente al cumplimiento de las reglas de Brasilia para la protección jurídica de las personas en situación de vulnerabilidad, así como continuar operativizando el artículo 19 de la carta internacional de los derechos de la defensa, aprobada por la Unión Internacional de Abogados que impone a los colegios de abogados y los abogados la responsabilidad de informar a los ciudadanos sobre sus derechos , deberes y los recursos apropiados a los cuales tienen acceso.
Ello nos ha permitido implementar o dar continuidad a diversos programas específicos tales como el sistema de Asistencia Jurídica a Trabajadores y Trabajadoras previsto en la ley 10149 (AJUTRA), Asistencia a la Víctima, Patrocinio jurídico de casos derivados de los Centros de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación como para la conformación del Registro de Aspirantes a integrar el Cuerpo de Abogadas y Abogados especializados en violencia de género, que próximamente iniciará sus actividades en diversas ciudades y también aquí en La Plata.
Desde mediados del año pasado, el Consejo Directivo de nuestro Colegio dispuso la creación del Area de Acceso a la Justicia y Orientación jurídica a la ciudadanía. con la finalidad de concentrar en un sólo ámbito, estas actividades, sumadas a las que se desarrollan en el consultorio jurídico gratuito, el centro de mediación, el Registro de abogados y abogadas de niños, niñas y adolescentes, o la consultoría de niñez
Además, desde el Colegio de Abogados de la Provincia hemos trabajado en una reforma integral al régimen de Defensorías y Asesorías ad hoc en la Justicia de Paz, así como un nuevo convenio provincial con la Procuración General para la distribución de materias con las Defensorías oficiales.
Queremos comenzar a debatir la implementación de un sistema de defensa mixta para el ejercicio de la defensa oficial, a ello vamos a aportar nuestra experiencia y conocimientos técnicos.
Sin embargo, estos campos de actuación profesional, vale la pena señalarlo una vez más, no pueden sostenerse exclusivamente a partir del trabajo desinteresado de los abogados y las abogadas que participen en ellos.
Es necesario que el Estado, como responsable de garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía, asigne partidas presupuestarias o habilite las fuentes de recursos para que aquellos colegas que participen, obtengan una justa retribución por sus labores.
En esa senda, seguiremos trabajando.
Ello así, porque siguiendo las definiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es precisamente el Estado quien tiene que organizar todo su aparato estatal para asegurar las garantías del debido proceso y el acceso a un recurso judicial efectivo, debiendo siempre contemplarse una dimensión estructural referida a las condiciones sociales para que el proceso reconozca y resuelva los factores de desigualdad real, ya que si no difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de una verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas.
Se deben desarrollar herramientas para asegurar una igualdad real en los procesos y el sistema debe reconocer y hacerse cargo de las asimetrías entre las partes de un conflicto y las diferencias estructurales presentes en la sociedad, donde existen grupos o sectores vulnerados, postergados o con especiales dificultades para hacer respetar sus derechos.
Esta exigencia se deriva de los principios de igualdad y no discriminación, en virtud de los cuales, ante la desigualdad real entre las partes, deben adoptarse acciones positivas a favor del grupo desaventajado, propugnando una igualación de posibilidades reales en el acceso a la justicia.
Merece particularmente destacarse que nuestra Area de Acceso a la Justicia lleva el nombre de la Dra. Maria Angelica Barreda de Garcia Alemán, tal como se encontró inscripta en nuestro colegio desde su creación por la ley 5177.
La Dra. Barreda, que ha sido la primera abogada de nuestro país, nació en La Plata en 1887 y en 1906, contando con sólo 19 años se graduó como abogada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional
Su camino no fue sencillo no sólo en su tránsito por los claustros de la universidad, sino especialmente cuando quiso iniciarse en el ejercicio profesional, al punto de tener que litigar para poder obtener la inscripción que -en aquel entonces- llevaba la Suprema Corte.
Con ese simple acto, pretendimos reparar un injusto olvido y visibilizar, a través de ella, a aquellas mujeres que han luchado y siguen luchando -la mayor parte de las veces anónimamente- por el reconocimiento de sus derechos y por la eliminación de cualquier forma de discriminación.
También sensibilizar, porque faltan batallas por dar en pos de una real igualación de oportunidades para mujeres y varones, en esta sociedad que conserva aún muchos rasgos patriarcales.
Nunca los caminos, en este sentido, han resultado sencillos.
Desde la vulgarización y banalización del debate, pasando por su relativización, hasta los planteos que pretenden racionalizar la cuestión, pero se construyen exclusivamente a partir de falacias.
Nuestro Consejo Directivo aprobó en el segundo semestre del año pasado un plan de acción por la igualdad de género.
Definimos acciones concretas tendientes a eliminar las diversas formas de desigualdad que subsisten y que impiden a las abogadas el pleno ejercicio de sus derechos e impulsar su participación, en condiciones de paridad, en todos los ámbitos institucionales.
Mostrar que se pueden transitar otros caminos.
No solo se trata de esgrimir paridad en la conformación de las listas que luego se diluye frente a las coyunturas o conveniencias electorales.
Se trata de abrazar la idea de igualar las oportunidades y de remover todos los obstáculos que se presenten, y con ello dar el ejemplo con nuestras acciones concretas, como profesionales del derecho y como institución.
La histórica reforma del Estatuto de nuestra Federación Argentina de Colegios de Abogados es una paso trascedente en ese sentido.
Con un sesgo casi premonitorio, aunque a casi 100 años sigamos en ese camino, concluía la Dra. Barreda su presentación a la Suprema Corte afirmando: “Entre nosotros, la mujer ha triunfado en las otras profesiones y continuará conquistando palmo a palmo la regla igualitaria que persigue la justicia”.
En este sentido a principios de año, y en consonancia con la sanción de la Ley Micaela, hemos dispuesto la capacitación obligatoria en materia de género para todos los miembros del Consejo Directivo y del Tribunal de Disciplina, además del personal del Colegio, lo que ya se encontraba previsto en el mencionado Plan Integral.
Ha resultado propicia la conmemoración del día internacional de la Mujer para realizar la adhesión a la campaña internacional del “Banco Rojo”, con la que se pretende visibilizar la lucha por erradicar la violencia de género y los feminicidos.
Es en el seno del Departamento judicial de la Plata que se conformó el colectivo de mujeres en la abogacía, integrado por abogadas que ejercen la profesión en distintos ámbitos, juntas están haciendo historia, cuentan con mi apoyo personal e institucional, porque no es una cuestión de mujeres sino una cuestión de derechos humanos.
Bregar porque las mujeres puedan romper el denominado “techo de cristal”. Ese límite invisible en su trayectoria laboral constituido por el sólo hecho de ser mujeres y no por no poseer las condiciones de idoneidad para ocupar lugares de poder y decisión.
Un dato significativo es que solo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, casi el 60% de las egresadas son mujeres, sin que ello reciba como correlato el acceso a los cargos superiores en la mayor parte de nuestras organizaciones y dentro del Poder Judicial.
La imperiosa necesidad de incorporar perspectiva de género en nuestra labor profesional, también será un punto particular de abordaje en esta Conferencia.
Para ir finalizando, no puedo obviar en esta palabras, hacer una referencia a la situación de la justicia.
La crisis que presenta nuestro sistema de justicia es de larga data, tanto el orden federal como en el de las provincias.
Los problemas son similares, y afectan en mayor o menor medida, a todos los poderes judiciales.
La ciudadanía sospecha y deslegitima, con razones verosímiles, a este Poder Judicial, y a cada paso cotidiano, surgen revelaciones que dan sentido a esas percepciones, como referenció un periodista hace unos pocos días, parece que los ojos de mucho jueces están puestos en el poder de turno y no en el expediente.
Consideramos necesario reiterar que nuestra sociedad necesita contar con una mejor justicia.
Una justicia que este dispuesta a enjuiciar al poder y a quienes lo detentan, que actúe de acuerdo a profundas convicciones y no por conveniencias circunstanciales, y en la que no se abrigue la menor duda acerca de la honestidad y honorabilidad de sus integrantes.
Con esa misma finalidad, se han producido recientemente tanto la declaración de Junín emitida por el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y la de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados en la Declaración emitida en Villa Mercedes (San Luis).
El Consejo Superior de nuestro Colegio provincial, entre otros aspectos señaló: “Asistimos al lamentable espectáculo que nos brindan los poderes del Estado. La abogacía –y cada abogado y abogada- vivimos a diario la más deplorable pérdida de todo sentido de justicia en manos de magistrados y funcionarios visiblemente parciales, operadores y servicios de inteligencia; a resoluciones apuradas o demoradas estratégicamente según sea el interés del poderoso; a una agenda de la Corte Federal -que se repite en muchas provincias- hecha a medida de tiempos políticos y económicos, pero alejada de los intereses de la ciudadanía; a denuncias altisonantes o a la instauración de mecanismos de impunidad ante los órganos que deben controlar el funcionamiento del Poder Judicial. (...) Se requiere con urgencia restaurar la confianza perdida y superar prácticas viciosas que han generado el visible descreimiento en los tres poderes del estado. (...) Cuando se politiza el Poder Judicial o se pretende judicializar la política, la que pierde es la República, y con ella, toda la ciudadanía que confía que este poder del estado, como último garante, para la protección de sus derechos.”
Y solo para citar brevemente algunos de los conceptos vertidos en la declaración de la Federación, considero necesario reproducir: “Cuando no existe credibilidad en los jueces y funcionarios judiciales, se quebranta uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. (...) Solo con jueces independientes, que nazcan desde su designación con la credibilidad social de su formación, su ética y su desempeño, se recuperará la confianza en la Administración de Justicia.”
Los jueces deben ser celosos custodios de la Constitución y la ley, y quienes aspiren a integran o permanecer en el ejercicio de la magistratura deben ser honestos, leales y probos.
Nuestra sociedad no puede tolerar que un aspirante a la magistratura mienta para poder acceder a su cargo, y debe castigar ejemplificadoramente tanto al mentiroso, como a los que favorecen,  posibilitan o encubren la mentira.
Necesitamos que las investigaciones que se están llevando adelante, sean serias, profundas y definitivas, para superar el manto de sospecha que afecta por igual a los operadores del servicio y que seguirá generando daños de cada vez más difícil reparación.
Solo desde este punto de partida, podremos aspirar a transformar este estado de situación, que nos abruma, nos debilita como sociedad y nos derrota moralmente.
El problema de la corrupción es sistémico y un desafío para el crecimiento democrático.
Las organizaciones de la abogacía debemos trabajar unidas para combatir este flagelo, no tolerar y denunciar cualquier  acto de corrupción, pública o privada.
No alcanza con reformar códigos de procedimientos, incorporar tecnología o mejor la gestión de los órganos jurisdiccionales, a pesar que esas tareas siempre nos han encontrado trabajando colaborativamente, con propuestas e iniciativas.
Los Colegios de la Abogacía debemos convocar y liderar la construcción de una verdadera política de Estado en materia de justicia y esta es una oportunidad para comenzar a consolidar ideas en ese sentido.
Debemos empezar claramente por el Consejo de la Magistratura de la Nación para lo que hace falta se produzca una verdadera reforma que permita dar cumplimiento a la cláusula constitucional que impone la necesidad de equilibro entre los diferentes estamentos en su integración, y que ello también se vea reflejado en la conformación de las comisiones.
Pensar diseños institucionales que superen las circunstanciales coyunturas mas allá de la complacencia o la incomodidad que le generen al poderoso de turno.
Dentro de ello, frente a las elecciones generales que se avecinan, convocar a todos los candidatos y candidatas, a construir los consensos necesarios para la reforma de la justicia, sin especulaciones, a partir de la definición de una agenda común.
Ello también involucra, en los que se refiere la temática que abordaremos en esta conferencia, a cuestiones tales como establecer una perspectiva de acceso a la justicia centrada en los conflictos y sus actores y una agenda estructural para hacerlo posible.
El derecho lo construyen los que hacen, no los que se quejan, no los que esperan soluciones mágicas, o quienes se quedan en las buenas intenciones.
Es mi deseo, poder también clausurar esta Conferencia Nacional como lo hizo Ceferino Merbilhaá al cerrar la VI Conferencia hace casi 60 años: “Hemos creído y seguimos creyendo en las fuerzas morales como las más aptas para orientar la vida de los pueblos, y en el poder de la inteligencia como capaz de superar las dificultades en la marcha del destino fecundo...Pero estos certámenes no sólo son útiles para los que trabajan en su seno, tienen en un poder educativo y una fuerza de sugestión sobre el país, especialmente sobre el medio circundante; dejan en la conciencia social nociones a veces vagas, a veces precisas de muchas cosas útiles, de intento de una mejor justicia, de procedimientos reflexivos para alcanzarla, de una sola preocupación de las clases gobernantes, de la necesidad de que la vida ser regulada por normas jurídicas...Péndulo vivo de esta época en que la lucha por el derecho no es privilegio de la cátedra, sino el impulso ardiente y estremecedor de todo hombre de bien, esta reunión debe ser considerada un enseñanza y un ejemplo de los que pueden la voluntad y el saber al servicio del ideal humano”
Y parafraseándolo, que lejos de todo academicismo, cada uno diga aquí su palabra, traiga su experiencia y nos deje su saber
A esta tarea, una vez más, estamos convocados.
Muchas gracias.

Hernán Ariel Colli
Presidente
Colegio de Abogados de La Plata


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